Es
tiempo de detener el ocultamiento del debate sobre la seguridad de las
vacunas, convocando a los padres preocupados por las reacciones vacunales
y por los derechos de oponerse a las vacunas.
En la columna editorial del lunes de Russell Tolman y Mark Shelton se
simplifica y tergiversa una seria cuestión.
Los padres aman a sus hijos y quieren protegerlos, pero las vacunas,
como las enfermedades para las que estas han sido diseñadas, llevan
un impredecible riesgo de lesión o muerte.
Los padres quieren que la Legislatura de Texas proponga una legislación
que les otorgue la misma libertad que ya tienen los padres en Arizona,
California, Colorado, Idaho, Lousiana, Maine, Michigan, Minnesota, New
México, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Utah,
Vermont y Washington para decidir sobre su propia información y decisión
voluntaria de vacunación, sin ser sometidos a sanciones gubernamentales.
Todas las enfermedades y vacunas no son iguales, y tampoco lo son todos
los niños.
A pesar de que hay leyes de vacunación obligatoria contra viruela como
varicela y hepatitis B como polio, estas no contienen cláusula de excepción
para los derechos de los padres. Más de 200 nuevas vacunas se están
desarrollando para todo, desde la adicción a la cocaína hasta las enfermedades
de transmisión sexual como el SIDA, que serán candidatas a futura obligatoriedad.
Algunos niños son de mayor riesgo biológico que otros para reaccionar
a las vacunas. En Texas la política vacunatoria es masiva y no tiene
en cuenta estas diferencias, y falla en minimizar el riesgo de daño
y muerte inducida por vacunas en demasiados chicos.
Anualmente, 12.000 a 14.000 reportes de hospitalización, lesión y muerte
siguiendo a las vacunaciones son efectuadas al VAERS (Sistema de Registro
de Eventos Adversos a la Vacunación), y aún alrededor del 90 por ciento
de los médicos fallan en reportar estas reacciones.
Un estudio publicado en febrero en el "Pediatrics" reveló que el 40
por ciento de los médicos admitió ni siquiera haber mencionado el riesgo
de las vacunas a sus pacientes.
El Programa Nacional de Compensación de Lesiones Vacunales ha pagado
más de 1.200 millones de dólares en daños, dejando a 3 de cada 4 víctimas
vacunales a su propio arbitrio. Mientras tanto debido a una compleja
red de leyes federales y estaduales, médicos y laboratorios productores
continúan beneficiándose, no asumiendo ninguna responsabilidad económica
por los daños y las muertes vacunales.
Algunos padres están tratando de salvar a sus hijos de médicos que no
quieren reconocer pasadas reacciones a las vacunas, quienes están decididos
literalmente vacunar a sus hijos hasta la muerte. Una cláusula legal
de excepción de conciencia, como la considerada por la legislatura de
Texas es la única esperanza que estos padres tienen.
La salud pública involucra más que la fijación miópica de Tolman y Shelton
en altos niveles de vacunación y bajos índices de enfermedades infecciosas.
El índice de enfermedades crónicas e incapacidades en niños es al momento
elevado. Los niños reciben en Texas 39 dosis de 12 diferentes vacunas
para su ingreso escolar, mientras el cerebro y el sistema inmune se
están desarrollando al máximo. Hay crecientes evidencias y basamento
de científicos, médicos y padres, quienes consideran que las exageradas
políticas de vacunación han contribuido al dramático incremento de asma,
alergias, trastornos de aprendizaje, autismo, desórdenes en la atención,
diabetes y otras enfermedades crónicas neuroinmunes.
Recientes audiencias en el Congreso han concientizado sobre inadecuadas
licencias a vacunas y a sus estándares de seguridad; conflictos de interés
involucrando a compañías farmacéuticas y quienes desarrollan las políticas
vacunatorias; y enormes brechas de conocimiento acerca de cómo las vacunas
afectan al organismo.
Referencias epidémicas de médicos y agentes oficiales de salud pública
confunden a los padres, por la exageración de los riesgos de la enfermedad
y los beneficios de la vacunación, mientras minimizan y frecuentemente
niegan los riesgos de las vacunas. Se está explicando por qué está creciendo
el número de padres informados que presionan durante las sesiones legislativas
reclamando los derechos sobre qué vacunas deben recibir sus hijos y
cuándo ellos deben recibirlas.
La vacunación es un procedimiento médico que acarrea un riesgo inherente
de lesión o muerte, y es tiempo de que nuestros legisladores conozcan
que cada padre en Texas merece recibir información veraz e imparcial
sobre enfermedades y vacunas que le permita tomar una informada y voluntaria
decisión sobre la vacunación de sus hijos.
*
Dawn Richardson es presidente y co-fundador de PROVE (Padres Requieren
Educación Vacunal Abierta). El sitio WEB es www.vaccineinfo.net
Comentario: Los argentinos creemos que nuestros
derechos son una gracia otorgada por los poderes públicos. Como podemos
descubrir en esta nota son los ciudadanos quienes se movilizan para
que aquellos se garanticen por ley, presionando a los legisladores.
La actitud asumida por los ciudadanos de Texas debería ser imitada.
En principio exigir a las autoridades que se cree un registro de eventos
adversos vinculados a las vacunaciones. Es inaceptable que en nuestro
país se pretenda vacunar en forma obligatoria, desconociendo cuál es
el perjuicio que pueden provocar, y que haya una total desinformación
sobre los efectos adversos y contraindicaciones de las vacunas. Es nuestro
derecho el ser informados por las autoridades sanitarias y médicos,
y es nuestro deber buscar información imparcial.