Es tiempo de detener el ocultamiento del debate sobre la seguridad de las vacunas, convocando a los padres preocupados por las reacciones vacunales y por los derechos de oponerse a las vacunas.
En la columna editorial del lunes de Russell Tolman y Mark Shelton se simplifica y tergiversa una seria cuestión.

Los padres aman a sus hijos y quieren protegerlos, pero las vacunas, como las enfermedades para las que estas han sido diseñadas, llevan un impredecible riesgo de lesión o muerte.

Los padres quieren que la Legislatura de Texas proponga una legislación que les otorgue la misma libertad que ya tienen los padres en Arizona, California, Colorado, Idaho, Lousiana, Maine, Michigan, Minnesota, New México, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Utah, Vermont y Washington para decidir sobre su propia información y decisión voluntaria de vacunación, sin ser sometidos a sanciones gubernamentales.

Todas las enfermedades y vacunas no son iguales, y tampoco lo son todos los niños.

A pesar de que hay leyes de vacunación obligatoria contra viruela como varicela y hepatitis B como polio, estas no contienen cláusula de excepción para los derechos de los padres. Más de 200 nuevas vacunas se están desarrollando para todo, desde la adicción a la cocaína hasta las enfermedades de transmisión sexual como el SIDA, que serán candidatas a futura obligatoriedad.

Algunos niños son de mayor riesgo biológico que otros para reaccionar a las vacunas. En Texas la política vacunatoria es masiva y no tiene en cuenta estas diferencias, y falla en minimizar el riesgo de daño y muerte inducida por vacunas en demasiados chicos.

Anualmente, 12.000 a 14.000 reportes de hospitalización, lesión y muerte siguiendo a las vacunaciones son efectuadas al VAERS (Sistema de Registro de Eventos Adversos a la Vacunación), y aún alrededor del 90 por ciento de los médicos fallan en reportar estas reacciones.

Un estudio publicado en febrero en el "Pediatrics" reveló que el 40 por ciento de los médicos admitió ni siquiera haber mencionado el riesgo de las vacunas a sus pacientes.

El Programa Nacional de Compensación de Lesiones Vacunales ha pagado más de 1.200 millones de dólares en daños, dejando a 3 de cada 4 víctimas vacunales a su propio arbitrio. Mientras tanto debido a una compleja red de leyes federales y estaduales, médicos y laboratorios productores continúan beneficiándose, no asumiendo ninguna responsabilidad económica por los daños y las muertes vacunales.

Algunos padres están tratando de salvar a sus hijos de médicos que no quieren reconocer pasadas reacciones a las vacunas, quienes están decididos literalmente vacunar a sus hijos hasta la muerte. Una cláusula legal de excepción de conciencia, como la considerada por la legislatura de Texas es la única esperanza que estos padres tienen.

La salud pública involucra más que la fijación miópica de Tolman y Shelton en altos niveles de vacunación y bajos índices de enfermedades infecciosas.

El índice de enfermedades crónicas e incapacidades en niños es al momento elevado. Los niños reciben en Texas 39 dosis de 12 diferentes vacunas para su ingreso escolar, mientras el cerebro y el sistema inmune se están desarrollando al máximo. Hay crecientes evidencias y basamento de científicos, médicos y padres, quienes consideran que las exageradas políticas de vacunación han contribuido al dramático incremento de asma, alergias, trastornos de aprendizaje, autismo, desórdenes en la atención, diabetes y otras enfermedades crónicas neuroinmunes.

Recientes audiencias en el Congreso han concientizado sobre inadecuadas licencias a vacunas y a sus estándares de seguridad; conflictos de interés involucrando a compañías farmacéuticas y quienes desarrollan las políticas vacunatorias; y enormes brechas de conocimiento acerca de cómo las vacunas afectan al organismo.

Referencias epidémicas de médicos y agentes oficiales de salud pública confunden a los padres, por la exageración de los riesgos de la enfermedad y los beneficios de la vacunación, mientras minimizan y frecuentemente niegan los riesgos de las vacunas. Se está explicando por qué está creciendo el número de padres informados que presionan durante las sesiones legislativas reclamando los derechos sobre qué vacunas deben recibir sus hijos y cuándo ellos deben recibirlas.

La vacunación es un procedimiento médico que acarrea un riesgo inherente de lesión o muerte, y es tiempo de que nuestros legisladores conozcan que cada padre en Texas merece recibir información veraz e imparcial sobre enfermedades y vacunas que le permita tomar una informada y voluntaria decisión sobre la vacunación de sus hijos.

* Dawn Richardson es presidente y co-fundador de PROVE (Padres Requieren Educación Vacunal Abierta). El sitio WEB es www.vaccineinfo.net

Comentario: Los argentinos creemos que nuestros derechos son una gracia otorgada por los poderes públicos. Como podemos descubrir en esta nota son los ciudadanos quienes se movilizan para que aquellos se garanticen por ley, presionando a los legisladores. La actitud asumida por los ciudadanos de Texas debería ser imitada. En principio exigir a las autoridades que se cree un registro de eventos adversos vinculados a las vacunaciones. Es inaceptable que en nuestro país se pretenda vacunar en forma obligatoria, desconociendo cuál es el perjuicio que pueden provocar, y que haya una total desinformación sobre los efectos adversos y contraindicaciones de las vacunas. Es nuestro derecho el ser informados por las autoridades sanitarias y médicos, y es nuestro deber buscar información imparcial.